Arturo Aguilera tenía 28 años cuando un hombre en evidente estado de ebriedad lo mató el 10 de agosto del 2012. Arturo era un artista visual, diseñador y gestor cultural y ese día, como en muchas otras ocasiones, se transportaba en su bicicleta hasta su hogar por lo que el impacto del vehículo conducido por Víctor Hugo Barría le produjeron lesiones tan graves que falleció a las pocas horas, pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital Salvador.
Su muerte sumió a su familia en una lucha por la búsqueda de la verdad, pero a la vez, los impulsaron a crear el colectivo Ciclistas con Alas y a que su amado hijo Arturo tuviera la primera Bicianimita del país. Todo ese esfuerzo, energía y trabajo ha ido en paralelo con una búsqueda de justicia que les ha sido esquiva desde que en la formalización, Barría quedara libre, con firma mensual, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir por 4 años, restricción de la que hizo caso omiso.
Será este 25 de abril cuando nuevamente la familia de Arturo vea en la justicia una oportunidad de cerrar un ciclo a través de una audiencia de control de ley 18.216 y continuar en la senda por vivir su propio duelo para reconstruirse y seguir así, ayudando a otros chilenos y chilenas que han perdido a sus seres queridos por culpa de la conducción con alcohol o drogas.
Fresia, una de las tres hermanas de Arturo, decidió relatar a Fundación Emilia cómo ha sido este caminar de casi 5 años por buscar justicia, la indolencia que aprecia en el sistema judicial, la falta de apoyo psicológico a las familias de las víctimas y la necesidad de una educación cívica mayor para disminuir los casos de conducción con ingesta de alcohol y drogas.
“Arturo era un joven lleno de alegría y energía, muy creativo y especial. Esa noche iba por calle Santa Isabel hacia su casa en bicicleta y estaba con luz verde, pero un tipo no respetó la luz roja, venía en estado de ebriedad y lo atropelló por lo que cae la vereda con mucha violencia por la fuerza del impacto y el exceso de velocidad con el que iba el conductor Víctor Hugo Barría.
Los testigos nos dicen que él siguió su marcha, pero más allá detiene el vehículo para ver qué pasó, pero sin prestarle ayuda ni ver si está vivo o no. Cuando se sube de nuevo a su auto, choca y lo detienen de seguridad ciudadana.
A Arturo lo llevan a la posta del Hospital Salvador y es ahí cuando los mismos testigos le avisan a mi hermana a su celular y ahí partimos toda la familia y estuvimos allá desde pasadas las 12 hasta las 7 am cuando Arturo murió porque aunque estuvo conectado y los doctores hicieron todo por él, no pudo resistir.
Ahí comenzó un calvario para nosotros porque fue algo que como familia no esperábamos, nadie está preparado para enfrentar todo lo que viene, que además de la pena, la rabia, tuvimos que ver lo judicial.
Nosotros algo teníamos de conocimiento sobre la Ley Tolerancia Cero, pensábamos que nos iba a solucionar y dar respuesta, pero estábamos muy equivocados porque no hubo respuesta de la justicia. Se nos dijo que como el conductor tenía intachable conducta anterior, eso hacía que le quitaran la licencia por 4 años, con firma mensual y arraigo nacional, pero no fue así.
Fue en el año 2014 donde el caso de Arturo fue mostrado en el programa “Esto no tiene nombre” de TVN que abordó la Ley Emilia y también el caso de Arturo y los periodistas a cargo de ese reportaje siguen a Víctor Hugo y lo encuentran manejando y más de una vez y aunque al encararlo él dice que está arrepentido, esos antecedentes que se mostraron los llevamos al juzgado y se le citó, pero nunca apareció por lo que aunque infringió su pena, puede seguir manejando.
Nuestro abogado nos avisó hace poco que en un control de identidad lo encontraron y ahí lo citan para el 25 de abril de este año para avanzar en el juicio, sin embargo, lo que nos genera dudas y molestias es que por qué si a él lo llevan hasta un tribunal ese día del control de identidad no se le aplica cárcel o una pena similar y dejan que se vaya y al parecer, fue porque faltó un papel de extranjería. Ese día se realizará una audiencia de control de la ley 18-216, esto es el control del beneficio de libertad vigilada que se dio en su momento y que él no cumplió.
En este caminar, nos encontramos con otras familias que habían pasado por lo mismo, incluso con el caso de otro ciclista y pasaban por lo mismo. En este tiempo también conocimos a Benjamín y Carolina, papás de Emilia y mis propios padres, entendiendo su dolor, trataron de brindarles apoyo, que supieran que no estaban solos, pero también recién ahí entendimos que la ley no iba a ser retroactiva y que obtener justicia, no sería fácil ni para ellos ni para nosotros.
Estar tan cerca de la fecha de una nueva audiencia, significa remover todo. Para nosotros, esta persona estaba un tanto olvidada, no queríamos saber de él, sin embargo, ahora tenemos muchas más fuerzas para trabajar para lograr la justicia y no puedo decir que espero un fallo negativo o favorable, porque justamente duele poner esos calificativos a un hecho que me quitó a mi hermano.
Siempre estará la tristeza, pero no nos podemos quedar como familia con que algo quedó por hacer, eso sí que sería triste.
Nosotros no nos dimos tiempo para un duelo y eso se notó en que enseguida se formó el colectivo “Ciclistas con Alas” y lo asumimos al tiro porque como hermanas asumimos un rol protagónico en esto para que así mis papás estuvieran un poco más tranquilos y tener hasta tiempo para llorar.
No teníamos muchas herramientas o conocimiento en lo legal, eso es cierto, pero que Arturo haya fallecido en estas circunstancias nos hizo entender que la Ley Tolerancia Cero no bastaba y que habían muchas familias que necesitaban una red de apoyo y eso partía por darles un espacio para la memoria, algo tangible donde ellos pudieran ir y recordar a sus seres queridos sin que fuera tan fuerte, un lugar de paz para los ciclistas que tantas veces son atropellados y abandonados en la calle. Ese fue nuestro aporte para que esas familias cerraran su ciclo.
La idea de las bici animitas está en varias partes del mundo, pero la de Arturo fue la primera y ni siquiera surgió con la idea de formar el colectivo, sino que fue un regalo de uno de sus amigos y con ese símbolo, nace todo.
Formamos en paralelo un grupo de las mamás de ciclistas con alas y que se reúnen hasta ahora. Se cumplieron más de dos años donde nosotros como familia dejamos la agrupación y es que también necesitamos nuestro tiempo, nuestro proceso, porque claro que es importante acompañar en la pena a otros, pero necesitábamos algo íntimo y estar bien para seguir ayudando.
Víctor Barriga nunca se ha acercado a nosotros, no hemos escuchado ninguna palabra de arrepentimiento, es más, a los meses del atropello fuimos a funarlo hasta su trabajo y ni con eso él mostró algo de compasión y sólo le hemos podido ver la cara en dos ocasiones en tribunales.
Aún con eso, no podemos decir que hemos estado solos. Desde que está la Ley Emilia y el trabajo de la Fundación – que fue algo ciudadano, porque está claro que no hay una voluntad política para dar sanciones fuertes- nos hemos sentido apoyados, pero lo que duele es que sea esa misma clase política la que se apropia de estos esfuerzos que son de madres y padres y me parece irresponsable.
Aunque suene raro, podemos decir que tuvimos la fortuna de tener mucho apoyo para rodearnos de profesionales que nos ayudaron mucho, pero quienes no tienen esas herramientas se sienten menospreciados y lleno de tecnicismos que no se entienden y además, enfrentarse a la burocracia y a un sistema que tiene – o así lo vemos nosotros- un desprecio por lo que nos pasó. Mi mamá por ejemplo, perdió a su hijo y nunca tuvo ayuda psicológica desde el poder judicial, sino que lo vio por su parte y como vimos eso, en Ciclistas con Alas por nuestra cuenta buscamos una psicóloga para ponerla al servicio de las familias porque pareciera que eso se olvida, que no sólo buscamos justicia sino que no nos traten de una manera impersonal sino que por un momento, sean empáticos y asesoren como se debe.
Siento que si seguimos viendo a ciudadanos conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es porque algo está fallando desde el gobierno en materias de educación. No me manejo con las cifras, pero sí tengo la sensación que si desde las autoridades de gobierno y desde los tribunales no se aplican las penas como se debe, hay una impunidad que no permite que la gente entienda que debe dejar de beber y manejar.
Nuestras esperanzas están puestas en el 25 de abril y aunque sabemos que lo máximo a lo que podemos aspirar es 541 días de cárcel efectiva – si el juez no dictamina rebaja en la pena- y que así se demuestre que no sólo nos quitó a Arturo, sino que puso en riesgo a más personas e incluso a él mismo y que por lo mismo, no puede andar libre y pretender que nada pasó. No podemos negar que también está el miedo a que él no se presente y que siga todo igual a menos que nosotros lo busquemos e iniciemos una nueva búsqueda con todo lo que eso conlleva”.
, Legislación y Justicia que nos aseguraron que con la Ley Emilia se iba a acabar la impunidad con este tipo de crímenes”.
