Tras el aumento de muertes por accidentes durante fiestas patrias, la Fundación Emilia pidió generar una campaña preventiva permanente. En entrevista con Emol, nuestra presidenta Carolina Figueroa profundizó en las medidas que deberían tomarse para mejorar la ley.
Camila tenía 19 años y su amiga Estefany 18 cuando murieron en un choque en Punta Arenas. Por razones que se investigan, subieron al auto que era manejado por Alejandro Tarumán quien conducía en estado de ebriedad y que desde ese momento, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Arenas esperando el inicio del juicio que mantiene a las familias destrozadas a la espera de justicia, reparación y la correcta aplicación de la Ley Emilia. Saben que la justicia no les devolverá a su hija, pero esperan que con ese fallo y el aumento de fiscalizaciones, las familias destrozadas y los sueños rotos no golpeen a más chilenos y chilenas.
Francisco Vásquez habla pausado y con voz cansada, como haciendo un esfuerzo por no quebrarse y a la vez, dejando en claro en cada una de sus expresiones que los recuerdos de su hija Camilia Vásquez Fernández (19 años) siguen intactos o quizás, más presentes que nunca.
Este 1 de septiembre se inició el juicio contra Alejandro Tarumán Huainao, el autor del choque que le costó la vida a Camila y a su amiga Estefany Arias (18 años) y Francisco siente la ansiedad de tener que revivir ese duro momento para la familia.
“El 22 de abril Camila salió de la casa a las 15:30 de la tarde y nos dijo que iba a buscar a su amiga a la universidad y que iban a salir juntas. Nosotros calculamos que debe haber ido a la universidad de Estefany cerca de las 17:00 horas. Mi hija estudiaba segundo año de Prevención de Riesgos en el Inacap y Estefanía estudiaba Trabajo Social en la universidad.
Nos enteramos de lo que había pasado cerca de las 20:00 horas, pero realmente el choque fue a las 19:00 horas. Nosotros supimos por las redes sociales de lo que había pasado porque lo vio Julia, mi otra hija, pero realmente al principio nos negamos a creer que habían sido ellas.
Al parecer, mi hija y su amiga no conocían de antes a esta persona, no había amistad, pero sí con el acompañante porque habían estudiado juntos.
No alcanzamos a llegar al lugar porque está a unos 9 kilómetros de la ciudad, pero por lo que sabemos es que ellas murieron con el impacto… no se pudo hacer nada.
Hay un fuerte dolor y daño emocional a nuestra familia en lo anímico y laboral, algo que nunca imaginamos hasta que nos pasó. Seguramente en el juicio vamos a revivir esto y será más tremendo todo para nosotros porque además de haber perdido a nuestra hija y a su amiga, no hemos tenido ni una sola palabra de arrepentimiento o de disculpas de esta persona ni de sus cercanos, nada en todos estos meses.
No creo que este dolor se logre reparar, que nosotros sanemos. No importa cuántos juicios se hagan, porque nada nos va a devolver a Camila. Nada ayuda a que el dolor pase, todo esto nos dañó la vida para siempre porque nuestra hija nunca dio un problema, ella solo quería estudiar y ser profesional para lograr sus metas, pero esta persona se lo arrebató.
En una ciudad como Punta Arenas, se hace difícil controlar a los conductores ebrios porque además tenemos altos índices en este tema de la ingesta de alcohol y la conducción y esto es algo que nos golpea fuerte en la región y acá están las consecuencias.
Nosotros estamos día a día tratando de volver a una supuesta normalidad, pero lo veo difícil porque los recuerdos de Camila nos acompañan siempre al igual que los de su amiga, porque ella iba constantemente a la casa así es que esto es un dolor doble.
Que haya muerto nos sacó de nuestra vida normal, de la rutina y para reconstruirnos, estamos en tratamiento con psicólogo y psiquiatra gastando plata que no teníamos. Este es un trauma gigante que se vive día a día, porque no sabemos bien como seguir.
Uno como padre trata de ser fuerte, pero por mi trabajo en la mina, paso más tiempo solo y por lo mismo, pienso más y le doy mil vueltas. Nunca antes en mi vida había tomado una licencia, pero ahora lo hice para tener tiempo con mi hija Julia y mi esposa y apoyarnos ya que ellas no están bien.
Para Julia todo esto ha sido tremendo porque eran muy unidas y cercanas, pero ahora todos como familia hemos tenido que enfrentar crisis de pánico y tristezas terribles por no tenerla y eso no es justo.
Este hombre después de chocar y fugarse, terminó en el hospital y a la semana siguiente ya fue formalizado y desde ahí está en prisión preventiva, pero no sabemos qué pasará de ahora en adelante y eso nos angustia.
Creo que con la Ley Emilia hay un avance importante y eso esperamos que se vea en el juicio. Además de educación, veo que se debe apuntar a la fiscalización y el control, especialmente en horas claves porque si uno recorre las calles de Punta Arenas en las noches, se ve que la juventud no está consciente del daño que provocan.
Si se realizaran controles desde las 4 de la mañana, serían muchos más los detenidos y se evitarían delitos al volante porque Punta Arenas es una ciudad donde hay mucho acceso al alcohol porque es barato y los autos también lo son y por eso quizás hay tanto joven que comete esto sin pensar en las consecuencias.
La Fundación Emilia nos ha ayudado no sólo en la parte legal, en asesorarnos sino que lo que más valoro es que nos han acompañado en este duelo, en el dolor y eso nos permite seguir.
Hay impunidad y ahí la ley no se aplica como corresponde. Mi llamado como padre es para que los jueces apliquen las sanciones debidas en el caso de Camila y en todos los otros, de lo contrario, revivimos el dolor. Nada me devolverá a mi hija, pero no queremos que la justicia nos falle.
Valparaíso, 10 de agosto de 2016.- Con un llamado a la ciudadanía a manifestarse frente al Congreso Nacional, la Fundación Emilia Silva Figueroa reunió a un grupo de personas, dentro de las que cuentan familiares de víctimas de siniestros viales, para exigir la revisión y rectificación de situaciones de impunidad que se han presentado en la aplicación de la Ley Emilia (Ley 20.770) tanto en los tribunales de justicia, como en las Cortes de Apelaciones del país.
Carolina Figueroa, Presidenta de la institución que promueve la responsabilidad social vial, manifestó que los problemas se deben principalmente a los vacíos legales que existen en la Ley, en específico, en lo que refiere al delito de fuga, “es el criterio de fiscales y jueces lo que hasta ahora ha primado. Los vacíos les han dado la libertad de interpretarla y otorgar garantías a los culpables de crímenes viales como penas efectivas menores a las establecidas mientras las víctimas son invisibilizadas dentro de los procesos. Claro ejemplo de esto es el caso de Pablo Asencio y Javier Muñoz”, señaló.
“Estamos hoy aquí porque no sólo los jueces son responsables de esta situación. Los legisladores deben hacerse cargo de las leyes que diseñan. No puede ser que existan márgenes tan amplios de interpretación. La ley debe ser aplicada de manera efectiva. Exigimos tolerancia 0 con los siniestros y delitos viales” enfatizó Figueroa.
Estos son los cuatro puntos planteados por la Fundación Emilia:
Familiares de víctimas de distintos puntos del país llegaron hasta el frontis de la Corte de Apelaciones porteña para manifestar su total repudio a las dos últimas revocaciones de condenas en el marco de la Ley Emilia, donde indicaron que “hemos decidido dar un paso al frente y recordarles que hemos perdido todo, menos la dignidad y el deseo de una justicia reparatoria”.
Justamente, fue esta Corte de Apelaciones quien dio a conocer la revocación de la condena a Diego Vera, autor del choque que provocó la muerte de Javier Muñoz, conocido periodista y relator de CDF. Vera debía cumplir una condena de 5 años de presidio efectivo por este crimen vial, sin embargo, ahora se decretó libertad vigilada.
Ana Espinoza, viuda de Javier Muñoz se sumó a esta manifestación para repudiar el accionar de la justicia indicando que “estos son baldes de agua fría y reviven nuestro dolor».
«No puede ser que si los jueces dan una pena, luego vayan a la Corte de Apelaciones y se revoque todo. Hay familias detrás de nosotros y es por eso que hoy nos reunimos, para que los jueces se den cuenta del daño que están haciendo”.
“Esto ya no puede se puede seguir repitiendo. Ellos tienen que pagar, y tienen que pagar con cárcel porque son criminales”, afirmó Ana Espinoza.
Así también lo señaló Pedro Ascencio, papá de Pablo Ascencio, que fue el primer caso de la Ley Emilia y quien ha debido enfrentar la revocación de la condena al asesino de su hijo luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso disminuyera la pena para Gonzalo Rojas de 9 años de presidio efectivo a condena vigilada.
“Nos encontramos acá con jueces que son garantistas y que en vez de ratificar los fallos de primera instancia, revocan las condenas de estos muchachos y es por eso que queremos denunciarlos, encender una luz de alerta en Valparaíso para que no sigan interpretando la ley”.
“Esto nos ha causado dolor e impotencia porque por ejemplo, en el caso de mi hijo, al asesino se le dio ahora condena vigilada lo que es sospechoso, pues sabemos que gendarmería no tiene la capacidad para vigilarlo permanentemente. Se vulnera nuestro derecho a una justicia equitativa y pareja en todo el país y eso es lo que debe parar”, indicó el padre de Pablo Ascencio.
Para Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, los parlamentarios también son responsables por cómo se está aplicando la Ley Emilia y es por eso que anunciaron que la primera semana de agosto retornarán al Congreso para lograr “cerrar la ventana que los legisladores dejaron abierta”.
“Consideramos que esta es una burla, una cachetada a todo el trabajo ciudadano que hay de fondo y creemos entonces que es necesario exigir respuesta y esas respuestas las estamos exigiendo a la Corte de Apelaciones, a los tribunales y a la Corte Suprema si es necesario, pero también , los segundos responsables están en el Congreso y son los diputados y senadores de la Comisión de Constitución
, Legislación y Justicia que nos aseguraron que con la Ley Emilia se iba a acabar la impunidad con este tipo de crímenes”.
“Vamos a volver al Congreso y ya no somos únicamente una familia y un dolor, sino que más de 300 familias las que les vamos a exigir que se comprometan con la justicia legislando como corresponde”, aseveró la Presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa.
Las familias concluyeron su manifestación pacífica dejando flores rojas en las puertas de la Corte de Apelaciones sin descartar realizar nuevas acciones buscando el fin de las interpretaciones a la Ley Emilia y la impunidad.
Alan Vegas, de 16 años, conducía una moto acompañado de un amigo el 23 de enero del 2015 en el sector de Paipote en Copiapó cuando un vehículo a alta velocidad no respetó el ceda el paso, chocándolos y causándole la muerte al adolescente y graves lesiones a su acompañante.
A 15 meses de su muerte, la familia de Alan enfrenta la impotencia al ver escasos avances en su caso y escuchar de boca del fiscal que no se aplicará la Ley Emilia, aún cuando el conductor (quien ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad) se dio a la fuga y reconoció que había bebido esa noche.
Carolina, tía de Alan, nos relata lo que han vivido en estos meses de peregrinar por tribunales y ver como poco a poco, sus anhelos por justicia van dando paso a la desesperanza
“Alan era un joven alegre y bueno que estaba en enseñanza media acá en Copiapó, esa noche había salido con un amigo y nunca pensamos que todo terminaría así.
Es tan doloroso y tremendo saber que el hombre que lo chocó se bajó de su vehículo y fue a mirar a mi sobrino que estaba tirado en el piso, pero no les prestó ayuda y decidió arrancarse. Unos metros más allá chocó contra un árbol, dejó su auto botado y arrancó a pie.
Una empresa que tenía sus cámaras de seguridad grabó el choque y ellos nos pasaron ese video para que lo pudieran periciar, pero por lo que me ha dicho el fiscal, dicen que no pudieron aclarar la imagen, lo que para mí es bien raro porque la imagen sí se ve nítida y hasta se nota el color de la ropa de la persona que iba manejando y de su vehículo y hasta se ve cuando se baja.
Las personas que ayudaron a mi sobrino, que fueron dos guardias de la empresa que nos pasó el video, dicen que falleció inmediatamente y que el amigo de Alan quedó grave, es más, él perdió sus dientes y quedó con muchas heridas, pero consciente, así que alcanzó a mirar y darse cuenta que los dejaban botados.
Nosotros creemos que la persona que causó la muerte de Alan es alguien con influencia, con poder porque en este momento él no está formalizado, no tiene arraigo ni nada, es decir, anda libre y nos encontramos con él siempre, pero mi sobrino no pues, él no tiene esa posibilidad.
Este hombre declaró que le habían robado su vehículo, pero realmente, se contradice mucho en sus declaraciones e incluso su pareja también declara y ella dice el color de la ropa con la que él andaba y es justamente el mismo color que sale en el video, pero después, cambian la versión en su segunda declaración.
Ariel Guzmán, el fiscal, nos hace pensar que no le toma la importancia a nuestro caso. El 25 de abril nosotros fuimos a conversar con él -dejó sólo entrar a mi mamá, porque dice que recibe sólo a una persona- y nos dijo que no tiene nada, ningún avance y que pidió que la persona que nosotros decimos que los chocó se haga en examen de ADN, pero en forma voluntaria y así esa muestra la van a comparar con otra que encontraron en el vehículo, pero él nunca se presentó.
Ha pasado más de un año y recién van a llamar a declarar a los testigos, pero ellos ya no quieren declarar porque ha pasado mucho tiempo y eso que el Fiscal tenía todos sus antecedentes para haberlos llamado antes, pero no lo hizo.
Nos sentimos muy desorientados con todo este tema y esto se suma al dolor de revivir todo. Cada vez que salimos de la reunión con el fiscal quedamos con pena y con dolor y además, nos topamos siempre con el autor en la calle y él anda feliz como si no le importara todo lo que como familia estamos pasando.
Sabemos que Alan también fue irresponsable al conducir una moto teniendo recién 16 años, pero igualmente se trata de una persona y él iba conduciendo bien, fue la otra persona que no respetó el ceda el paso y los impacto.
Nosotros esperamos que se aplique como se debe la Ley Emilia, pero mi hermano, papá de Alan, fue a hablar con el fiscal y él no lo tomó en cuenta y es más, le dijo “acá esa ley no entra, es una ley más y acá no se aplica” y con eso nos echó el avión abajo porque nos dijo “no es una ley que se apliqué siempre” con lo que nos deja muchas dudas de que se haga justicia.
No sabemos nada de lo que sigue, no tenemos ni siquiera una fecha estimada para avances. Nos cuesta creer que la explicación que nos dan es que no se puede hacer nada porque no hay alcoholemia ni alcotest, pero sentimos que no se toma en cuenta tampoco que él se haya dado a la fuga ni que se le considere un agravante, más cuando en sus declaraciones él dice que sí tomó, pero no asume cuánto. Él es una persona de 56 años y ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad entonces es como una burla lo que está pasando.
Alan era como un hijo para mí, pero yo realmente era su tía y él vivía conmigo. Sus papás son separados y su muerte causó una pena inmensa, su mamá por ejemplo, está con tratamiento porque no logra salir adelante ya que siempre recuerda que lo vio en el lugar donde quedó tirado y eso la tiene mal. Ella es otra persona y tenemos miedo de que le pase algo y más si no logramos la justicia por la muerte de Alan, eso para ella y para todos sería terrible”.
Macarena Benítez
Periodista
Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctima de Accidentes
El 6 de septiembre del año 2015, Juan Cubillos (29 años) murió a causa de un choque vehicular en la localidad de San Fernando. Tanto él como la persona que conducían iban en estado de ebriedad, por lo que su caso es polémico y no exento de problemas y ante lo cual, como Fundación Emilia, nos abocaremos a exigir el cumplimiento y aplicación de la Ley Emilia por la justicia.
Su familia ha debido enfrentar el cambio de fiscal en cuatro oportunidades además del poco criterio de profesionales quienes incluso le han señalado que no se aplicará la Ley Emilia en su caso y que no vale la pena continuar el juicio, aconsejándole tomar una demanda civil para recibir una indemnización de $2.000.000.
Carolay, única hermana de Juan, nos relata su historia.
«En primera instancia, nos pusieron a cargo del caso a Marcelo Duque quien nos recibió muy amablemente a mi mamá y a mí y él nos explicó que esta persona iba a ser juzgada bajo la Ley Emilia por su ebriedad, por matar a mi hermano, pero que como Juan también iba ebrio, iba a recibir la pena mínima, o sea, un año de presidio efectivo.
Cuando pedimos una copia de la carpeta investigativa, el Sr. Duque cambió y se puso todo más engorroso, porque no nos querían dar hora de atención y hasta nos cambiaron a los fiscales sin avisarnos. Llegábamos a hacer trámites con mi mamá y ahí nos enterábamos. Todo eso nos desmotivó mucho, nos hacía dudar de la justicia.
Ahora llegamos al Señor Lucio Ugas que trató con mucho desdén a mi mamá diciéndole que para qué queríamos que esta persona lo tomaran preso si mi hermano ya estaba muerto. Este fiscal le dijo que no se aplicaría la Ley Emilia, pero no dio ninguna razón y por eso nosotros buscamos a la Fundación Emilia porque me parece irrisorio lo que está pasando.
Ugas le dijo a mi mamá que solamente pedirían 5 años de libertad vigilada porque había salido una nueva ley y se lo mostró en un folleto que estoy segura que ni se había leído bien. También le dijo que si quería plata, entonces que pusiera una demanda civil y le sacaría 1 o 2 millones, que eso era lo más que podía aspirar, pero él no entiende que lo que buscamos no es plata, porque eso no da consuelo.
El fiscal nos dijo que nadie había obligado a mi hermano a subirse a un auto que manejaba una persona ebria y eso es verdad, pero no le quita responsabilidad al que conducía.
Mi mamá y mi papá son personas de campo, pero eso no significa que les puedan meter el dedo en la boca respecto a algo tan importante. He intentado estudiar harto por mi cuenta sobre esta ley y me he dado cuenta que es él quien está equivocado y que quiere dejarnos sin justicia.
Este tipo que iba manejando pagó $100.000 y lo dejaron libre al inicio del juicio con la fianza, más firma quincenal y licencia de conducir provisoria porque su trabajo lo hace manejando y eso me molesta porque creo que es un doble golpe para nuestra familia.
Este 18 de abril veremos si se llega a juicio abreviado, pero eso tampoco sabíamos porque como víctimas nadie nos avisó ni preguntó si estábamos de acuerdo o no y se supone que es lo mínimo que se espera.
Es cierto que mi hermano ya está muerto y que no podrá ver si se hizo justicia o no con su muerte, pero ¿qué pasa si este tipo queda libre y lo vuelve a hacer? Yo no le doy a nadie el dolor que se siente de perder a alguien que uno ama sin tener ni el derecho a despedirse.
Para nuestra familia todo esto fue muy fuerte, mis primos recién están retomando lo que es salir a carretear, pero ahora lo vemos de manera distinta, ahora nos cuidamos y hay más responsabilidad, tenemos más comunicación y siempre estamos aconsejándonos para que no ocurra otra desgracia. Eso es lo que nos pasó, fue lo único bueno que se rescata de todo esto, las lecciones y el mea culpa.»
Macarena Benítez Espinoza
Periodista
Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctimas de Accidentes
En la cita, Carolina Figueroa, Presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa, solicitó a Julia Urquieta, Subsecretaria de Previsión Social, estudiar algún mecanismo que permita informar directamente a víctimas de accidentes de tránsito sobre la Pensión Solidaria de Invalidez.
La Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, recibió a la directiva de la Fundación Emilia, encabezada por su presidenta Carolina Figueroa, quien solicitó a la autoridad revisar la posibilidad de difundir de manera especial la Pensión Básica Solidaria de Invalidez entre las personas que sufren accidentes graves de tránsito.
“Le hemos pedido a la Subsecretaría de Previsión Social que nos ayude con la difusión de la pensión (solidaria) de invalidez para los lesionados graves, gravísimos de siniestros viales”, recalcó Carolina Figueroa.
Respecto a este último punto, la presidenta de la Fundación Emilia indicó que “cada año en Chile hay un promedio de 57 mil lesionados, entre ellos hay un porcentaje alto de lesionados que quedan con un 75 por ciento o más de invalidez y esos lesionados no conocen sus derechos en relación a este beneficio estatal”.
Por esta razón, “queremos saber si se puede hacer un sistema de difusión específico para este tipo de víctimas, que son vulnerables, que no tienen conocimiento y no tienen forma de acceder a la información de esta pensión”, concluyó Carolina.
Rodrigo Ruiz Almonacid tenía 22 años cuando el 12 de noviembre del 2014, mientras viajaba en el asiento trasero de un auto conducido por un amigo borracho, falleció al salir eyectado del vehículo en la ciudad de Concepción. Su caso no ha presentado mayores avances, lo que su familia atribuye a la lentitud de la justicia y a la poca cooperación de los otros dos ocupantes del auto.
A casi dos años del fatal choque, María Eugenia, madre de Rodrigo clama por justicia y verdad, además de derribar mentiras que se tejen frente a la muerte de su hijo y que según relata, solamente acrecientan el dolor de su temprana partida.
“Me enteré de la muerte de mi hijo por carabineros cuando alrededor de las 7 am. tocaron el citófono en mi casa y me preguntan por Rodrigo Ruiz Almonacid y le digo que sí, que es uno de mis hijos, pero que él estudia en Concepción así que no se encuentra en casa. Carabineros me pide que salga porque necesitan hablar conmigo y ahí al salir, comprendí todo.
Fui hasta la reja y me dicen que cerca de las 03:30 había habido un accidente y que mi hijo había fallecido. Yo simplemente no lo quería creer.
Eran tres personas las que iban en el auto: el conductor, el copiloto y atrás venía mi hijo durmiendo. Todo esto lo sé porque lo relató el copiloto, que era el dueño del vehículo y le pidió al otro amigo que manejara porque venían con trago, pero como el papá del conductor era carabinero, les podía sacar los partes o ayudarlos si tenían algún problema.
El inculpado y conductor, Máximo Otárola, de unos 24 años, nunca reconoció nada ni dio la cara, al contrario, siempre está tratando de zafar de cualquier responsabilidad. Esta persona nunca se acercó a pedirnos disculpas o decir que lo sentía, pero yo sí cada vez que lo veía le pedía que dijera la verdad, porque él llegó hasta a inventar que iba una cuarta persona y que esa persona iba manejando.
En una oportunidad yo iba con mi hija mayor y nos encontramos con él y me dijo que lo que pasaba era que tenía miedo de confesar y decir lo que había pasado. También traté de hablar con la mamá de este joven para implorarle que hablara con él y que lo hiciera entrar en razón porque yo entiendo que ninguno de ellos buscó esto, pero soy yo la que se llevó el dolor mayor y a eso tengo que sumarle las mentiras.
Todos los que viajaban esa noche en el auto eran amigos, se conocían de toda una vida porque todos vivían relativamente cerca. Yo suponía que eran amigos, pero está claro que no era así o de lo contrario, no hubieran actuado así.
Se han hablado tantas cosas que no son ciertas y que me duelen más todavía, incluso en los medios, porque decían que mi hijo iba tonteando con el cuerpo afuera, pero eso no es verdad. Rodrigo no era osado y eso lo saben todos los que lo conocieron. Mi hijo murió, y murió decapitado al salir disparado, pero no fue algo que él se buscó.
Ellos venían en ese auto después de haber estado en una discoteque, pero mi hijo no se bajó, sino que se quedó durmiendo en la parte de atrás del auto porque había tomado y eso lo confirmó el dueño del auto.
Después de salir de la discoteque , se sacaron fotos. Hay imágenes que el conductor y el copiloto le sacan al velocímetro marcando 140 km/hora y después a 180 para más rato sacarse selfies conduciendo e incluso, le sacaban fotos a mi hijo durmiendo atrás. Ellos hicieron de esto un juego, creían que lo estaban pasando bien, sin embargo, condujeron a la muerte a mi hijo que sí había sido responsable, pero el auto se les fue en una curva y era algo lógico si iban a 180 o quizás a más.
Conozco tan poco de como ha ido avanzando el caso, hay cosas que yo no sé. Lo poco que me han dicho es que el auto lo periciaron ese día y después se lo entregaron inmediatamente a su dueño, ahí lo desarmaron y supongo que después lo vendieron por piezas para que desapareciera.
No hemos podido tener justicia porque usted sabe, si uno no paga un buen abogado las cosas no avanzan y aquí estamos, sin tener a nadie preso. Cuando creí que íbamos a tener avances y el conductor del auto tuvo que declarar, prefirió guardar silencio y quedamos nuevamente en nada.
Nosotros nos apoyamos solamente en nuestra voluntad para seguir adelante, no tenemos nada más. Con mis hijas, lucho día a día por estar unidas para enfrentar lo que venga.
No puedo entender como los carabineros no pudieron avanzar más si al momento de llegar al accidente ven que hay un joven atrapado, mi hijo que había salido impulsado fuera del auto y había muerto decapitado y otro joven, parado afuera del auto y que carabineros le crea el testimonio de que iba una cuarta persona manejando, pero que no le saben el nombre ni ningún dato porque se arrancó. Eso me parece terrible.
La Ley Emilia se está aplicando por parte de la justicia de manera ineficiente. Siempre vemos en la tele casos de personas que asesinan y se inician juicios, pero quedan en nada que es lo que está pasando con el caso de mi hijo Rodrigo. Es como si la ley la acomodara cada juez a su gusto como pasó con el caso del futbolista que atropelló a una chica y al final, casi parecía que culpaban a la joven y no a él, claro, porque es famoso y con recursos.
Si carabineros se fuera a parar afuera de una discoteque ¿qué pasaría?, claro, se darían cuenta que salen los jóvenes borrachos, algunos hechos bolsa y todos ellos se suben igual a su auto y se van. Carabineros dice que no puede llevarlos presos todos, pero ahí uno se da cuenta que no se aplica la ley porque está claro que no se puede conducir con alcohol. Ni quienes deben hacer cumplir las leyes las aplican como se debe».
Macarena Benítez
Periodista
Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctimas de Accidentes
Floridor Acevedo falleció atropellado el 1 de mayo del 2015 por un hombre que tuvo la frialdad de descender de su camioneta, mirar al hombre tendido en la calle agonizando y volver a subir a su vehículo para emprender la huida. Hoy su familia enfrenta por un lado el dolor de esta injusta pérdida, pero además, debe esperar la resolución de la justicia ante la solicitud del acusado de anular el fallo que lo había condenado a dos años de cárcel efectiva. Justicia, dignidad, compañía y no dejar que esta muerte quede en el olvido.
Ana Acevedo habla con voz pausada y con un dejo de cansancio luego de terminar una jornada más de trámites en tribunales y largas conversaciones con fiscales, tratando de abrir puertas para recibir esa anhelada justicia que hasta ahora, le es esquiva.
Fue en mayo del 2015 cuando un hombre borracho atropelló al mayor de los hermanos Acevedo y desde ese momento, nada ha sido igual. Y es que la partida de Floridor (79) duele y no sólo en sus más cercanos, sino que en todos los que lo conocían por su chispa, honestidad, jovialidad y por ser el puntal de la familia, además de un destacado jugador de rayuela, reconocido en la Provincia de San Antonio.
Justamente estaba con sus compañeros y amigos rayueleros compartiendo en el “Club Ferroviario de Rayuela” la madrugada del 1 de mayo cuando al retirarse, tuvo que esperar por más de una hora locomoción hasta su casa. Fue ahí cuando vio luces que quizás en la oscuridad de la noche las confundió con las de un colectivo y al intentar acercarse, cayó al suelo siendo atropellado por Aldo Rojas Hernández, reconocido por ser dueño de un local nocturno de San Antonio.
Existen evidencias de video que demuestran este fatal atropello, sin embargo, el autor del hecho se bajó de su vehículo, vio el estado de Floridor y luego, partió a toda velocidad dejando sin auxilio a Floridor.
A las 15:00 horas del día siguiente Aldo Rojas decide entregarse a la PDI acompañado de su abogado y recién dos horas después se le practica la alcoholemia, la que según los informes, arroja 0% de alcohol en la sangre.
Este caso se ha convertido en uno de los emblemáticos dentro de la Provincia de San Antonio dado que es el primero bajo la Ley Emilia, sin embargo, la tramitación no ha sido la que la familia espera y hoy deben esperar nuevas resoluciones ante la solicitud del acusado de la nulidad de la resolución del tribunal de San Antonio que ya había dictado dos años de cárcel efectiva.
Para Ana Acevedo, una de sus hermanas, este es un nuevo golpe “porque ya hemos sufrido mucho por ser pobres y porque esta persona contrató a un abogado que es una eminencia y que para nosotros es imposible pagar”.
“Aún con todo lo que hemos pasado, confío en que la justicia verá lo que pasó y hará lo suyo para que por fin mi hermano y nosotros podamos descansar. Tengo fe en que le darán los años que merece por matar a una persona, porque era un hombre bueno y no un perro”, agregó Ana.
“Todo esto ha sido humillante, imagínese que acá toda la familia y los amigos nos organizamos para vender plato único con pescado frito para pagar el abogado que nos pidió $1.200.000 sin que viéramos ningún resultado positivo, hasta que debí decirle que dejara el caso porque no podía seguir pagando… ¿cómo lo iba a hacer si al final era mi hermano el que me ayudaba a vender ensaladitas para tener para nuestros gastos y ya no lo tengo?”.
“Nos hemos encontrado de frente con jueces vendidos acá en San Antonio, pero aún así , cuando he ido a declarar, me encomiendo y pido la justicia de Dios y de los hombres para mi hermano porque se lo merece. Imagine que ya ha pasado casi un año y todos siguen acá pendientes de su caso y extrañándolo”, enfatizó una de las hermanas de Floridor.
“Debemos agradecer eso sí a la Fundación Emilia por su apoyo y por orientarnos, porque gracias a eso no decaemos cada vez que recordamos que a mi hermano hay que ir a verlo a un cementerio mientras que este tipo anda suelto en la calle disfrutando de todo”, se lamentó Ana quien continúa a la espera de un fallo definitivo, anhelando que la justicia no innove en el juicio por el asesinato de una nueva víctima inocente a manos de un borracho al volante.
Macarena Benítez Espinoza
Periodista Fundación Emilia Silva Figueroa
El 22 de Noviembre
#MarchoPorTí
Familias de todo Chile concurrieron a la convocatoria hecha por la Fundación Emilia, Agrupación Amor de Papá, Movilh y los impulsores de la Ley Luciano para demandar una justicia comprometida con las víctimas, que se caracterice por un trato digno y por el respeto y defensa de todos y todas.
Haciendo eco de una demanda ciudadana y de la necesidad de las familias de víctimas por expresar su descontento con fallos y determinaciones polémicas de jueces y fiscales, la Fundación Emilia en conjunto con la Agrupación Amor de Papá, Movilh (en representación de la Ley Zamudio) y los impulsores de la Ley Luciano convocaron a esta marcha que reunió a cerca de mil personas bajo el lema #MarchoPorTi.
Lienzos con los rostros de víctimas de delincuentes al volante desfilaron junto a globos y consignas para protestar de manera pacífica por una justicia que no siempre está del lado de las víctimas y las familias y que se expresa en salidas alternativas, juicios abreviados, procesos interminables y poca empatía que termina por revictimizar.
Es por esto que al cierre de la marcha, representantes de las cuatro organizaciones suscribieron con su firma un Frente Ciudadano de Fiscalización de Jueces y Fiscales que pretende llevar la voz de los afectados ante las autoridades para el cumplimiento y respeto de sus derechos.
Así lo señaló Carolina Figueroa, Presidenta de la Fundación Emilia quien agradeció a todos los asistentes expresando que “hoy estamos aquí porque hemos pasado por fiscalía y tribunales y no hemos encontrado la justicia que merecíamos, al contrario, hemos sido revictimizados por un sistema que no ha tenido ninguna consideración con nosotros los familiares y amigos de quienes ya no pueden marchar, pero nosotros seguiremos en pie por ellos, para seguir adelante con este frente ciudadano”.
“Exigimos que se cumpla el decálogo del Ministerio Público y que los fiscales lleven las causas correctamente. Queremos una justicia comprometida con las víctimas y no con los victimarios, por lo que esperamos que las autoridades se reúnan con nosotros y nos den las explicaciones que merecemos”, agregó Carolina Figueroa.
Por su parte, Miguel Angel Rendón (papá de Luciano) e impulsor de la ley del mismo nombre, valoró la conformación de este frente indicando que “nos parece un protocolo absolutamente necesario a la luz de esta realidad donde tenemos un sistema de justicia que opera entre comillas, pero que en el fondo no hace bien su pega, a pesar de sus sueldos millonarios”.
“El caso de mi hijo lo han visto cinco fiscales y no hemos tenido solución, incluso le hemos dicho a la misma Presidenta Bachelet que la justicia está arreglada y es por eso que este esfuerzo ciudadano es un paso más para que se cumpla la ley y cuando esto no suceda, daremos las luces de alerta y lo informaremos a la ciudadanía”, explicó Rendón.
Asimismo, la Agrupación Amor de Papá en voz de David Abuhadba, calificó esta firma como “una tremenda noticia para todo el país, porque confluimos distintas organizaciones en este gran frente de fiscalización hacia quienes no están haciendo un buen trabajo”.
“Es tremendo que todas estas personas hayan llegado hasta acá aun habiendo perdido a familiares y amigos. Vemos con rabia e impotencia como jueces y fiscales que ganan millones basurean a familias con historias terribles, abusando de ellos y sin aplicar la ley como se debe”, afirmó.
En representación de Movilh, su vocero Oscar Rementería indicó que “Durante más de 21 años hemos estado representando y apoyando a familias de víctimas de la discriminación, de la violencia y de la muerte y en ese sentido, consideramos que es muy importante poder agruparnos con quienes han sufrido situaciones similares, pero quieren cambiar esta realidad”.
Rementería agregó que “hoy se ha marcado un hito histórico en cuanto a reunir a tantas personas que nos hacemos cargo de los cambios que necesita el país en cuanto a fiscalización. Con esto decimos basta a la mediocridad y a las injusticias por parte de quienes deben aplicar las leyes”.
Al finalizar esta importante marcha, las familias soltaron globos al cielo en honor a quienes ya no están y como una manera de reafirmar su compromiso por la búsqueda de justicia en sus casos y que su muerte no quede impune.
