24/11/16
En su primera visita oficial a la Región de Magallanes, Carolina Figueroa Cerna, presidenta de la Fundación Emilia y madre de la pequeña fallecida por la negligencia de una persona que conducía en estado de ebriedad, fue invitada a participar en dos seminarios realizados en las comunas de Punta Arenas y Porvenir, donde las temáticas abordadas estuvieron relacionadas con la prevención y difusión del control cero alcohol, las leyes Tolerancia Cero y Emilia, y la responsabilidad de los conductores al volante.
En ambas instancias, organizadas por las gobernaciones de Magallanes y Tierra del Fuego, y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), la invitada dio a conocer las últimas cifras de siniestralidad vial, con datos aportados desde el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y Carabineros, donde la región tuvo un positivo análisis, en comparación con años anteriores.
– ¿Cómo avizora el panorama en Magallanes, considerando la gran cantidad de accidentes de tránsito y el alto índice de alcoholismo en la región?
– “Nosotros como fundación acabamos de terminar un proyecto que fue financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el cual se establecieron algunos criterios de la cuantificación de fallecidos por siniestros viales, bajo la causa de conducción bajo estado de ebriedad, en la que pudimos comprobar que Magallanes ha mejorado sus cifras. Hicimos un parangón utilizando los datos de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud. Triangulamos con los datos de Fiscalía a nivel nacional, y con la información que nos aportó Carabineros. Asimismo, incluimos datos de las tasas de homicidios, lo que nos permite a nivel latinoamericano medir cuál es el impacto del delito, y pudimos observar dos cosas: primero la disminución de la tasa de siniestralidad vial en la región. En 2013, se registró una tasa de 10,4%, que estaba dentro de las más altas a nivel país y latinoamericano, sin embargo en 2015 la cifra baja a 6,7%, entonces hay una interesante diferencia como modelo de análisis a nivel país. Esta baja de más de tres puntos en dos años refleja que hay algo que se está haciendo y que efectivamente se está haciendo bien”.
“Aunque la percepción de la tasa de siniestralidad es, a lo mejor, más alta, la realidad indica que esto ha bajado, porque aquí estamos hablando de cifras de fallecidos que ha tenido una disminución y esto se debe destacar en cualquier tipo de análisis”.
– ¿Cuál es el balance que usted hace de la situación país desde que fue promulgada la ley?
– “A nivel país, también hemos visto una disminución bastante importante y significativa. En 2012 se promulgó la Ley Tolerancia Cero y la tasa de fallecidos registrada por Fiscalía fue de 309 a nivel nacional. Esta ley ha sido la más exitosa en materia de política pública vial. Pero en 2015, según los datos de la misma fuente, la cifra de fallecidos bajó a 215, en relación a delitos de conducción bajo estado de ebriedad. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente la Ley Emilia sí ha tenido resultados positivos en la labor disuasiva y de prevención de la conducción bajo estado de ebriedad, y eso también es relevante, porque los datos de Carabineros indican un aumento, pero los datos de Fiscalía, que son los que ven las causas, indican una disminución”.
– En lo personal ¿cómo analiza su gestión al mando de la Fundación Emilia?
– “Cuando iniciamos esto éramos una familia y un dolor. Ahora son 348 familias las que están congregadas dentro de la Fundación, donde también hay tres de la Región de Magallanes, las cuales están enfocadas y abogando todas juntas para lograr mejorar la problemática pública vial y a la vez en materia de fiscalización, tratando de presionar para que se incorporen mejores instrumentos como los narcotest, que no hay ninguno en el país, o los alcoholímetros presenciales, que también haría más fácil la labor de los fiscales en las causas, como también avanzar en otras problemáticas como lo es regular el exceso de velocidad, para que no sea una falta sino que esté articulado como delito y tenga también una justicia reparadora para las familias que estén implicadas”.
“No obstante, se deben mejorar también algunos aspectos de la Ley Emilia, de la que nos hemos dado cuenta con esta visita a Magallanes. En definitiva, hay que lograr un estándar de justicia reparatoria a nivel país, el cual se debe hacer a través de la consulta con los mismos actores regionales que nos permitan evidenciar los problemas in situ de las aplicaciones de las leyes de tránsito”.
– ¿Cuáles han sido los aspectos negativos o dificultosos que han surgido en este proceso?
– “Principalmente, tienen que ver con la disminución del presupuesto de 2016 destinado a Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito), que este ha sido el más bajo desde 2010. Tenemos solamente asignado 144 millones de pesos, que es muy pequeño y es un aspecto negativo porque el costo por muerte prematura en Chile es de 280 millones de pesos, por lo que no es una política pública de primer orden y nosotros creemos que con una media de 1.646 fallecidos anualmente debería ser de primer orden. Los siniestros viales triplican la cantidad de homicidios a nivel país, por lo que estamos hablando de un problema diario. Cada cuatro horas alguien se muere en Chile por un siniestro vial, y eso necesita una política pública integral que incorpore problemáticas de salud, justicia, prevención, pero también educación”.
“Estamos en este momento en diálogo con la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, explicando que necesitamos que se hagan algunas reformas en función de la ley, hemos tenido contacto continuo y permanente con las agencias estatales y también con la sociedad civil, y esperamos seguir con esta estrategia. Queremos estar al servicio de mejorar esta problemática y no solamente ser un agente crítico. Que se cambie la cultura en relación a entender esto ya no como un accidente, sino como un delito o una negligencia, porque modificando ese simple término ya se está generando el peso semántico del hecho”.
– ¿Le provoca dolor que se manosee constantemente el nombre de su hija para atribuirlo a una normativa asociada con los accidentes por conducción en estado de ebriedad?
– “Cada vez que alguien dice que la Ley Emilia no es dura o fracasa, a mí me duele, porque en definitiva no están al tanto del escenario final de las estadísticas, y aunque estas no son las personas, igual ayudan a mejorar las políticas públicas. Es doloroso igualmente porque esto no es solamente en honor a la Emilia, sino que es en honor a muchas personas que están detrás de esto. Creo que debería haber un respeto mínimo de tratar de entender primero la dimensión de los problemas para después hacer la crítica, y si la hay, que es muy legítimo que exista, sea a nivel constructivo y no solamente quedarse ahí, sino pensar qué hacemos nosotros para poder cambiar esta cultura vial y que las soluciones partan de las personas. El autocuidado o la conducta responsable también tienen que ser parte de la solución”.
Entrevista publicada originalmente en «La Prensa Austral»
Dicho convenio tiene la finalidad de crear y poner en función el Observatorio Provincial de Seguridad Vial que constituye un importante y significativo avance para la consolidación de la seguridad vial como herramienta institucional de la política pública provincial y para alcanzar la concientización ciudadana respecto al cumplimiento de las normas de tránsito.
