Rossana Muñoz Cisternas es madre de Valentina (en la foto). La causa penal por el fallecimiento de su hija en julio de 2016 se encuentra suspendida a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del imputado, que registró una alcoholemia de 2,16 gramos de alcohol en la sangre.
“Desde la muerte de Valentina, mi familia y yo estamos pésimo. Ya han pasado nueve meses, pero todavía no nos podemos recuperar”. La voz de Rossana se escucha abatida. Y ella no lo niega.
El 10 de julio de 2016, Valentina Palma Muñoz, de 25 años, murió producto del choque en el que se vio involucrado el auto en que viajaba. Era su propio auto, pero lo manejaba un ex pololo. Ella iba de acompañante. Él quedó con heridas graves. A pesar de que pasaron más de dos horas antes de que le practicaran la alcoholemia, registró 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.
Valentina había egresado de la carrera de Licenciatura en Francés de la UMCE en 2015 y recientemente había ingresado a estudiar una segunda carrera en la Universidad Católica de Valparaíso. Era miembro de la Asociación de Guías y Scouts de Chile desde su infancia y como dirigente de manada, amaba a los niños y su vocación era enseñar, tenía muchos sueños y proyectos por cumplir, los cuales quedaron truncados.
“Nosotros pensábamos que esto iba a ser rápido”, dice Rossana. “El culpable admitió su responsabilidad y la alcoholemia comprobaba que estaba ebrio. Pero estuvo tres meses en el hospital de la cárcel, cuando salió de ahí, la defensa pidió revisar las medidas cautelares y le dieron arresto domiciliario total. Pero supimos de varias veces que salió de su casa. Lamentablemente la gente que lo vio no hizo la denuncia”.
Durante el mes de abril hubo una audiencia en que se volvió a pedir la revisión de las medidas cautelares. El imputado tiene ahora reclusión domiciliaria nocturna.
“Fue un balde de agua fría. Todo se sigue alargando”, dice Rossana.
Pero este no ha sido el único obstáculo que ha debido enfrentar Rossana y su familia en la búsqueda de justicia. En noviembre del año pasado, la defensa interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, para pedir la inaplicabilidad de uno de los artículos de la Ley Emilia. La causa se encuentra en acuerdo, bajo el rol 3270-16.
“Nuestro abogado nos había avisado que esto iba a llegar al Tribunal Constitucional, pero en su momento no le prestamos mucha atención. Cuando nos explicaron, para nosotros fue otro golpe. O sea, el imputado reclama por sus derechos constitucionales, pero ¿quién se preocupa de los de mi hija?”
A Rossana y su familia por ahora no les queda más que esperar. No sabe si uno, dos meses, o más. “Es una densa espera, una espera dolorosa, estás todos los días con la intranquilidad de no saber qué va a pasar”.
Hasta que no se conozca la resolución del Tribunal Constitucional, el caso no se podrá llevar a juicio. Y en el evento de que el Tribunal Constitucional resuelva a favor del imputado, se aleja la posibilidad de una sentencia de cárcel efectiva. Algo que no deja tranquila a Rossana.
“Me da rabia que los jueces, los senadores, los fiscales, el gobierno, parece que se toman muy a la ligera los casos de conducir en estado de ebriedad y matar a alguien. Para mí es tan grave como si tomara una pistola y dispara a una persona”.
Rossana tiene muy clara cuál es la condena con la que quedaría en paz: “Primero que le quiten los documentos de por vida. Esa persona no puede volver a manejar nunca más. Y que cumpla una pena que a esa persona le duela y que le moleste y eso es el hecho de ir a la cárcel. Aunque sea un año. Sería lo mínimo que yo podría esperar. Eso nos daría un poquito de tranquilidad para enfrentar este dolor”.
Hace algunos días Rossana envío un correo a los senadores que integraron la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en que se dio forma a la Ley Emilia, para solicitar su intervención y activa defensa en el espíritu de la iniciativa legal, que no es otro que elevar el estándar de protección a la vida y aumentar las sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos de alcohol o estupefacientes con resultado de muerte o lesiones a terceros.
