A las pocas horas de tener la certeza de que Emilia nos dejaba y partía al cielo, el 21 de enero del 2013, sus familiares y amigos cercanos iniciaron –en medio de un dolor inexplicable ante su partida- una campaña ciudadana en medios de comunicación y redes sociales, destinada a denunciar la escandalosa impunidad que perjudicaba a las víctimas de conductores bajo estado de ebriedad. A partir de dicho hito, se inició un movimiento ciudadano, llamado Ley Emilia, que integró a un conjunto de familias de víctimas de crímenes viales, las cuales fueron apoyadas por gran parte de la ciudadanía. De esta forma, juntamos entre enero y marzo del 2013 casi 40.000 firmas, con personas que se congregaron libremente desde Arica a Magallanes, las cuales fueron presentadas en marzo a la Cámara de Diputados. Además evidenciamos un apoyo ciudadano en las redes sociales y en la calle, todo lo cual animó esta propuesta de carácter social que pedía terminar la evidente impunidad reinante, solicitando una legítima exigencia de Justicia.
El primer paso fue contactar a la bancada del PC-IC, la cual a los pocos días acogió esta demanda de justicia. De esta forma, nos reunimos con los Diputados Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló y la abogada Julia Urquieta, quienes osn ayudaron a dar vida a las bases legales y jurídicas del primer proyecto. Este postuló un alza de las penas aplicadas a los responsables de este tipo de crímenes, instancia que luego fue patrocinada por diputados de diversas bancadas (UDI, RN, Amplitud, DC, PR, PPD y PS).
En marzo del 2013, se inició el complejo proceso de tramitación de la Ley Emilia. Contamos con el apoyo de la sala de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Transporte de dicha instancia, expresado en sendas mayorías en las diversas votaciones que existieron, además del apoyo del poder ejecutivo de la época. A su vez durante el 2013, se dio una fuerte resistencia de algunos senadores y una senadora, las cuales postularon que el mencionado proyecto “atentaba con el sano régimen de proporcionalidad de las penas”. Debido a este fuerte debate, incomprendido por buena parte de la ciudadanía que entendía la razonabilidad básica de lo que se solicitaba, el proyecto se cayó, luego del rechazo de la Cámara Baja al Informe de la Comisión Mixta, situación que fue solicitada por las familias de víctimas que no podían aceptar un proyecto, defendido por los senadores de la Comisión de Constitución, que en la práctica dejaba las cosas tal cual, sin verdaderas modificaciones, calificada popularmente en redes sociales como “Ley Vale Otro”.
El 21 enero del 2014, a un año de la partida al cielo de Emilita, con el apoyo nuevamente de partidos de diversas tendencias, familias de víctimas y un número relevante de la ciudadanía, se presentó un segundo proyecto, el cual acogió algunos de los postulados del debate del año anterior, pero que en lo central se focalizó en darle derecho a las víctimas, sin atentar con las instancias penales de los y las procesadas. En marzo del 2014, con el ánimo de mejorar el debate, un grupo de senadores presentó un proyecto similar, que dejó estancado el trámite parlamentario. Todo tuvo un nuevo avance, por medio del mensaje del 21 de Mayo deñ 2014 de La Presidenta Michelle Bachelet, que permitió unificar ambas iniciativas. Agradecemos además las gestiones del entonces Ministro de Justicia José Antonio Gómez, quien aseguró el piso mínimo de un año de cárcel efectiva para los culpables de delito de manejo en estado de ebriedad o sustancias psicotrópicas, acogiendo además una idea del Senador Francisco Chahuán de sumar un año extra de cárcel efectiva, para quienes tomaban la cobarde acción de fugarse, legislación conicida como “del buen samaritano”.
Así orientadas las cosas el 17 de septiembre del 2014, vio la luz la llamada Ley Emilia. El nuevo corpus legislativo, generó una conjunto de garantías a las víctimas, ya que los responsables del manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, cumplirán como mínimo al menos un año de cárcel efectiva, a lo que se agregó un segundo año de cárcel efectiva para quien tomaba la cobarde e irresponsable acción de fugarse del lugar. Todos los juzgados responsables de este delito cumplen hoy con cárcel efectiva.
Las cifras de este año de vigencia de la Ley Emilia, hablan de una disminución por este tipo de crímenes, como dejamos de manifiesto en la siguiente tabla:
| Durante año de vigencia Ley Emilia | Porcentajes |
| Fallecidos por conductor con alcohol | -19.9% |
|
Lesionados Gravísimos por conductores con alcohol |
-8.2% |
| Lesionados Graves | -21.8% |
| Lesionados Leves | -11.1% |
Fuente: Carabineros de Chile. Confección Fundación Emilia
Como vemos expresado en la Tabla presentada, todos los indicadores, en este primer año de vigencia de la Ley Emilia, han bajado de forma relevante. Estos registros, si bien no se celebran ya que hay vidas mutiladas para siempre, nos hablan de que la mayor parte de la ciudadanía comprendió el mensaje que buscó transmitir la Ley Emilia: separar definitivamente el alcohol y sustancias psicotrópicas de la conducción, sin por ello atentar en contra de las libertades y derechos ciudadanos. Además los mencionados indicadores, nos permiten vislumbrar, el despertar de una nueva cultura vial, donde se respeten los deberes en los espacios públicos, consolidando así los derechos de una ciudadanía más responsable y fiscalizadora de sus acciones en la plaza pública.
Pero este primer año, nos permite plantear algunos postulados y acciones urgentes que estimamos que se deben desarrollar, entre autoridades públicas y organizaciones ciudadanas, en el marco de relaciones horizontales y no un encubierto paternalismo.
- Homologar el estado de ebriedad a la influencia del alcohol.
La Ley Tolerancia Cero logró una baja de dicho registro, pero sigue siendo el 0.8 el más alto de toda Latinoamérica, en un país que tiene el consumo de alcohol más alto de Latinoamérica (9.7 litro promedio anual por persona). Por eso como Fundación Emilia. Víctimas de Accidentes, junto con un conjunto amplio de familias de víctimas de conductores bajo la influencia del alcohol que han quedado impunes (como emblemático caso de Juana Ruiz y Karen Meza), promoveremos en los primeros días de octubre de este año 2015, un proyecto que termine con esta inexplicable diferencia, bajando el indicador único de 0.3, como tienen la mayor parte de los países de la OCDE y buena parte de los países en Latinoamérica (México 0,25; Brasil 0,0; Uruguay 0,0). Esperamos contar nuevamente con un fuerte y decidido apoyo de la ciudadanía, ya que en encuestas realizadas por nuestra insitución se ha indicado que esta iniciativa cuenta con un apoyo de más del 90% de los encuestados. Además esperamos contar nuevamente con el aval de parlamentarios de diversas bancadas, y eperamos que en el desarrollo del proceso legislativo, podamos contar también con el apoyo del poder ejecutivo.
- Mejorar la calidad de los controles que realiza Carabineros.
Nadie puede negar que el Programa Celo Alcohol de Senda de la actual administración, ha aumentado sutantivamente la cantidad de controles, y que ello a redundado en que se han podido sacar de la vía pública a más conductores, que contra toda evidencia empírica, racional y publicitaria, todavía manejan con alcohol. Sin embargo, no basta con ello. En primer término se deben usar alcotest presenciales, que complementen los ya existentes, pero que eliminen el trámite de la alcoholemia como instrumento de prueba en tribunales, donde se han detectado demoras preocupantes. Además con esta medida, que no significa un gasto relevante para el presupuesto del Estado chileno, aumentaría el tiempo de control de carabineros en las calles, ya que no perderían tiempo en trasladar a un imputado a practicarse las alcoholemia en el recinto hospitaliario. Como indica la evidencia internacional, el aumento de la cantidad de horas de presencia de carabineros fiscalizando en las calles utilizando mejores instrumentos, redundaría en que más personas disminuirán la conducta temeraria de manejar con alcohol.
Además resulta inexcusable que todavía –promesa realizada desde el 2006 con la Reforma Procesal Penal- el Estado de Chile no se decida a comprar y aplicar narcotest, equipo que mide las drogas que son penalizadas por la Ley Emilia. Resulta difícil entender una demora de 12 años[1] en tomar una medida de política pública tan básica. Existen empresas privadas en Chile, que los usan en diversas instancias laborales y estos mecanismos además son utilizados en países vecinos de Latinoamérica (Uruguay), además de los aglutinados en la OCDE. Un narcotest cuesta en promedio 10 USD, es decir con $14.500.000 se pueden comprar y habilitar 2000 narcostest en todo Chile, lo cual mejoraría la capacidad de fiscalización, sin atentar en contra de las libertades individuales, potenciando así la acción que con tanto esfuerzo y compromiso hace Carabineros de Chile.
- Acelerar un conjunto de proyectos sobre seguridad vial.
Hay un grupo amplio de proyectos, tanto de iniciativa parlamentaria como del ejecutivo, que no han avanzado todo lo rápidamente que las problemáticas involucradas merecen. El proyecto de disminución de la velocidad en zonas urbana (Ley C.A.T.I.), el proyecto que sube las penas a los crímenes viales por exceso de velocidad, el proyecto sobre mejores sistemas de seguridad para niños en el transporte interurbano, entre otros, son proyectos que apuntan a mejorar la seguridad en el transporte público, conformando iniciativas que merecen un despacho más atento y acelerado por el Congreso. Ninguno hasta la fecha ha pasado al Senado, algunas iniciativas llevan más de un año en la Comisión de Transporte de la Cámara Baja. Creemos que el ritmo y urgencia que merecen dichas iniciativas, amerita que sean tomadas de forma dedicada y seria, para que todas puedan llegar a ser leyes en el corto plazo.
- Vincular la formación ciudadana a la seguridad vial.
Una de las políticas públicas que ha tenido éxito en este tipo de problemáticas, en países como Francia, Japón y el Reino Unido, es asociar a la formación ciudadana –que se da desde los jardines hasta las Universidades- con temas de seguridad vial. Esto implica entender a la seguridad vial como una política pública integral multidisciplinaria, basada en un conjunto de deberes y derechos, que ayudan a conformar a una ciudadanía más responsable de sus comportamientos en los espacios públicos. Invertir más en prevención, con campañas en medios de comunicación, redes sociales, en todos los niveles de la enseñanza -con el apoyo de organizaciones ciudadana, siempre y cuando la relaciones sean horizontales y no paternalistas- permite movilizar a todas y todos quienes vivimos en sociedad, aglutinándonos para evitar tanto dolor, con acciones simples de fiscalización, como por ejemplo el uso del celular para dejar grabados comportamientos indebidos de conductores, ayudando así a disminuir el número de muertos y heridos por este tipo de acciones.
Se pueden hacer muchas y permanentes acciones en conjunto, Estado y ciudadanía, para mejorar el actual escenario de cosas, que ha cambiado positivamente con Tolerancia Cero, Cero Alcohol y Ley Emilia. Nuestra propuesta es promover de forma conjunta e integrada una nueva cultura vial, la cual geste a una ciudadanía más responsable y fiscalizadora de sus comportamientos en los espacios públicos.
Fundación Emilia Silva Figueroa
Víctima de Accidentes
[1] Un detalle más exhaustivo sobre esta temática ver http://www.elquintopoder.cl/ciudadania/la-implementacion-de-narcotest-en-chile-cronica-de-una-larga-espera/