Como Fundación Emilia Silva Figueroa, hemos recopilado el testimonio de cinco familias quienes, además de tener que lidiar en algunos casos con el duelo y la muerte y en otros con dolorosas secuelas físicas y psicológicas que los acompañarán de por vida, han decidido levantar la voz para hacer públicas una serie de irregularidades en sus procesos judiciales, los que se traducen en una revictimización y una letanía que no hace más que aumentar su angustia y la sensación de impunidad.
Este es su relato, son sus historias que tienen como factor común la fatal combinación de alcohol y conducción que provocaron que proyectos de vida se truncaran. Esta es la cara más cruda de la revictimización que son parte en una zona alejada de Chile, pero que ellos se han encargado de poner en el tapete para no olvidar a quienes ya no están. Esa es su consigna y la bandera de lucha que se levanta en la isla grande de Chiloé.
“Quisieron hacer un trueque: la libertad del asesino de mi hijo a cambio de un par de millones por nuestro dolor”.
Eran casi las 22 horas del 14 de enero de este año y cuatro amigos, todos compañeros de trabajo, iban en auto camino a celebrar el cumpleaños de uno de ellos en el sector de Huicha, pero las risas y la alegría de los amigos cesó abruptamente cuando un auto los embistió.
Pablo Álvarez Vera (35 años) fue el conductor que, estando en estado de ebriedad, chocó el auto conducido por Roberto Carrión (21), volcándolo a un costado de la carretera para luego darse a la fuga.
Luego del violento impacto, el conductor y su copiloto no prestaron ayuda a las víctimas y recién en el interrogatorio con carabineros asumieron su participación, esto, a la vez que se comprobaba que conducía con 1,55 gramos de alcohol en la sangre, de acuerdo a lo indicado por el alcotest.
Esa loca carrera y su actuar delictual terminaron con la vida de dos de los jóvenes, Javiera Borneck Hess (18) y Danilo Bórquez Vera (21) quienes no pudieron soportar las graves lesiones y dejó a Valentina Toro Bahamonde (21) y Roberto Carrión con heridas de diversa consideración que requieren hasta ahora largos y dolorosos tratamientos.
Nancy Vera, mamá de Danilo relata los recuerdos de la temprana muerte de su hijo, quien iba de copiloto en el auto que fue chocado y sus palabras logran transmitir el dolor de ese momento.
“Lo tuve 21 años conmigo, amándolo y cuidándolo y cuando lo fui a buscar, uno de sus amigos me dice ahí en la calle que este hombre me lo había matado … Si no hubiera sido por un furgón de carabineros que pasaba por el lugar camino a Castro y que vieron la camioneta de este sujeto chocada contra un letrero, ellos hubieran seguido arrancando, tanto Pablo como su copiloto, porque nunca existió la intención de afrontar lo sucedido, es más, ellos sólo lo negaban y se encubrían”, afirmó la madre de Danilo.
Según han podido recopilar gracias a los testimonios de testigos, Pablo Álvarez balbuceaba y se tambaleaba de lado a lado, pero igual intentaba arrancar sin que le importara cómo estaban los jóvenes en el auto porque en un principio carabineros pensó que lo que había pasado sólo era un choque a un letrero hasta que tuvo que llegar ahí Roberto, uno de los sobrevivientes, para pedir ayuda.
Para esta madre, lo que más le impacta es la frialdad y distancia que ha tenido la familia del autor del choque que le arrebató a Danilo, quienes asegura, le han ofrecido dinero.
“Cuando fuimos a la funeraria nos explicaron que la familia del conductor ya había estado ahí para pagar el funeral de mi hijo, sin siquiera haber cruzado una palabra ni menos darnos el pésame o algo. Ellos también son padres y lo que yo hubiera esperado de ellos era otra cosa, un criterio, pero no ha sido así sino que por intermedio de sus abogados nos han ofrecido entregarnos dinero, hacer un trueque lo siento yo, aceptar nosotros un par de millones a cambio de que su hijo no vaya a la cárcel, pero no piensan que nada me va a devolver a mi Danilo y que lo que yo quiero es justicia y que pague por lo que hizo. Quiero cárcel efectiva para él”, se lamentó la madre del joven fallecido.
Nelly Bahamonde (mamá de Valentina) también hace un recuento de las intervenciones y tratamientos que ha debido enfrentar su hija para avanzar desde la parte física, sin embargo, hace hincapié en lo difícil que ha sido para ella tratar de sobrellevar el día a día luego de ese 14 de enero.
“Ella trata de retomar su vida, pero es más bien escapar de lo que pasó, porque no logra entender cómo si iba a pasarlo bien, luego despierta con cirugías, dolor y sin dos de sus amigos. Nadie lo logra entender ni menos lo que hemos tenido que pasar después”, afirma Nelly.
Doris Paredes (mamá de Roberto) sufre y siente impotencia al rememorar, más aún cuando relata que los cuatro amigos salieron de manera responsable a celebrar y todo terminó en tragedia.
“A mi hijo aún con las lesiones que tenía se lo llevaron detenido por haber ido conduciendo, pero él marcó cero alcohol porque era responsable. Todos estábamos en shock, pero ahora, al recordar, claro que como madre me siento mal por haber permitido casi que se le juzgara como si él hubiera tenido responsabilidad en esto y recién a las 6 am lo soltaron. Sus lesiones también fueron graves y le han significado cirugías, pero más que eso es el impacto. Esto nos marcó a todos, pero a la vez, nos unió”, señaló la mamá de Roberto.
“Él llora escondido y es comprensible, porque ahora, cada vez que sea su cumpleaños, pensará en los dos amigos que perdió por culpa de otro”, puntualizó Doris Paredes.
En el plano judicial, se decretaron seis meses de prisión preventiva para Álvarez Vera, sin embargo, el 27 de julio se cambia esta medida cautelar a arresto domiciliario total en casa de sus padres en Chonchi, medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En esa misma fecha, la Fiscalía da por cerrada la investigación por adelantado, considerando sólo el delito de conducción en estado de ebriedad y no el delito de fuga, el no prestar ayuda a las víctimas y tampoco el desconocer ser el autor material en su calidad de conductor de la camioneta.
Ante esto, el panorama que se les presenta como una pesadilla es que fiscalía estaría solicitando una pena de 5 años de presidido menor en su grado máximo, plazo al que se le descontarían los 6 meses de presidio ya realizado. Con este verdadero balde de agua fría, las familias asesoradas por su abogado Milton Cuevas, tomaron la decisión de enviar a inicios del mes de agosto un reclamo formal a la Fiscalía Nacional, pidiendo la reapertura de la causa y una explicación del por qué se dejaron fuera del proceso otros delitos que sí se pueden comprobar fehacientemente.
Gracias a esto – y aunque aún no existe respuesta formal a la carta enviada- se aprobó la reapertura de la investigación por 30 días, plazo que las familias esperan sea suficiente para que la justicia actué de manera competente y se incluyan los delitos que fueron dejados de lado inexplicablemente, en lo que para ellos se transforma en una interpretación antojadiza de la Ley Emilia.
De acuerdo a esto, se habrían dejado fuera testimonios vitales de testigos clave, así como el considerar sólo el primer parte policial que indicaría que no existe fuga, hecho que se contradice con lo recabado en la reconstitución de escena hecha cuatro meses después de esa fatídica noche.
“Estamos decepcionados de este proceso y en especial del Fiscal Enrique Canales, porque estamos seguros que sí se puede hacer más y así nos lo han dicho también desde Fundación Emilia y realmente no sabemos qué pretende Fiscalía, pero nosotros estamos decididos a seguir adelante por ellos, aunque nos sigan tratando así”, aseguran las familias.
Una tradición truncada
Ya era una tradición para los hermanos Alberto (45) y Mariluz Millaquén (40) viajar cada fin de semana largo o fecha importante hasta Quellón para visitar a sus padres.
Cerca de las 8:30 de la mañana del 14 de abril del 2017,los hermanos Millaquén llevaban pocos kilómetros de ruta luego de desembarcar del transbordador cuando fueron embestidos por un auto que cruzó el eje dela calzada y los chocó de frente.
Mariluz se llevó la peor parte al quedar atrapada entre los fierros retorcidos. Ambos recibieron atención médica, sin embargo, el diagnóstico es lapidario pues no podrá volver a caminar, debido a una paraplejia y a las múltiples fracturas.
La conductora del vehículo que los impactó, Nakithza Cerda (21), de acuerdo a lo informado por el Servicio Médico Legal, marcó 1,84 gramos de alcohol en la sangre. No se pudo comprobar que existiera consumo de drogas ya que no se realizó el examen respectivo, sin embargo, Alberto recuerda que no era capaz de mantenerse en pie ni fijar la vista posterior al choque del que salió sin mayores lesiones, aún cuando conducía a más de 100 kilómetros por hora, de acuerdo a los peritajes.
Para Alberto, además del costo psicológico, han significado meses de tratamiento para tratar de recuperar la fuerza de sus piernas y tobillos
“Esto ha sido trágico, porque mi hermana perdió cuatro litros de sangre y si está viva es gracias a los médicos de Ancud y de Castro y recién al estabilizarla pudieron llevarla a Puerto Montt donde tuvo cirugías en casi todo el cuerpo, pero aún así, no podrá volver a caminar por culpa de una irresponsable que nos cortó la alegría que teníamos como hermanos y como familia”, lamentó Alberto.
Como suele ser la tónica, los responsables de estos delitos viales raramente se acercan a las víctimas para pedir perdón y el caso de estos hermanos, no fue la excepción.
Lo impactante del caso pareciera no ser suficiente para que la justicia actuara de manera rápida y contundente y así lo detalla este hombre quien ha visto la peor cara de un sistema que insiste en caer en actuaciones anómalas que hieren y revictimizan.
“La justicia no avanza y el fiscal de Ancud, Jorge Raddatz ha sido irresponsable porque me dijo que me iban a citar a declarar para que esto se acelerara un poco, pero el día que él me pidió yo llamé y viajé desde Ancud como él me pidió, pero ese día, previo al feriado, parece que se lo tomaron libre y no hubo nadie que me atendiera lo que me parece una burla y una falta de respeto hacia nosotros que somos las víctimas”, se lamentó Alberto.
Aún con todos los antecedentes, además de conducir sin licencia y tratar de suplantar identidad al momento del control policial, la autora del delito sigue libre y sin ser formalizada. Ante esto, el hermano de Mariluz hace un crudo análisis.
“La Ley Emilia debe ser replanteada para que pueda contener penas más duras y es por eso que he conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, para hacerle llegar lo que yo veo como víctima que se debe reformar, pero para esto debe haber voluntad y eso es lo que esperamos porque de otra manera es impresentable para todas las familias que sufrimos mientras los victimarios cumplen entre 300 y 500 días de presidio al interpretar la Ley Emilia de parte de los jueces. Eso es una burla», señaló categórico.
Para Millaquén, hay algunos puntos que debieran ser básicos en el tratamiento al victimario, como el presidio durante todo el tiempo que dure la investigación y que ese tiempo de reclusión no sea descontado de la condena. Esto, buscando un castigo acorde con el delito.
“No se puede dejar esto como está. Se ha avanzado, pero caemos en que finalmente no se aplica correctamente la ley y eso nos perjudica y nos hace revivir el dolor y ante eso, hay que seguir adelante y trabajar”, afirmó Alberto Millaquén.
Al igual como sucede a lo largo y ancho del país, como Fundación Emilia Silva Figueroa seguiremos acompañando a las víctimas, sus familiares y amigos buscando entregar apoyo personal, psicológico y jurídico para que todos y todas reciban un trato digno y avancemos hacia una justicia reparatoria que no tenga segundas miradas ante este tipo de delitos que nos conmueven y remecen como sociedad.